El Grupo Popular ha afirmado hoy que Ávila tendrá que reducir su legión de concejales liberados obligado por el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que ha impulsado el Gobierno Central. De esta forma, y según se recoge en este documento, las retribuciones de la Corporación Municipal no podrán suponer más del 0,6 por 100 del total de gastos del Presupuesto municipal, lo que en el caso de Cuenca supondría no más de 5 concejales liberados.
Desde el PP se muestran satisfechos de que por fin Ávila tenga que recortar el número de ediles con dedicación exclusiva, 9 del Equipo de Gobierno y 1 de la oposición, ya que hasta el momento, y a pesar de las solicitudes del Grupo Popular, el alcalde ha preferido subir los impuestos, echar a personal y recortar servicios sociales, antes de reducir el número de concejales que cobran del consistorio.
Los populares valoran positivamente la medida impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy que supondrá una reducción del 30% de concejales en todos los ayuntamientos, así como la limitación de los sueldos que estos podrán percibir, que además deberán ser públicos. Opinan que con esta reordenación de la administración local se logrará una gestión más eficiente y un ahorro de al menos 3.500 millones de euros por la eliminación de duplicidades y competencias impropias.
Asimismo, consideran que con esta reforma se clarifican las competencias municipales para evitar duplicidades y se eliminan las que sean impropias, con un ahorro de al menos 3.500 millones de euros.
El Grupo Popular insta a Ávila a reducir el número de concejales liberados desde este mismo momento, anticipándose a la aprobación definitiva de este anteproyecto, puesto que de esta forma podría ahorrar a las arcas municipales una cantidad significativa que podría ir destinada a otras necesidades más importantes de la ciudad.
Los populares han destacado entre otras cuestiones del anteproyecto, que con esta reforma también se mejorará la regulación de los convenios entre Administraciones. Hasta ahora eran foco de endeudamiento por no ir acompañado el traspaso de competencias de su correspondiente financiación. Con esta reforma, los convenios por los que el Estado, las Comunidades Autónomas o cualquier Entidad Local deleguen el ejercicio de competencias en los municipios deberán ser aceptados expresamente por éstos y habrán de suponer una mejora en la eficiencia de la gestión pública, tal y como recoge el anteproyecto en cuestión.