El Grupo Municipal Popular ha dicho hoy que el Equipo de Gobierno de la capital creará un “ayuntamiento B” con la empresa pública del agua que se contempla en la memoria del cambio de gestión de este servicio. El Servicio de Infraestructuras Municipales (SIMc) será una nueva empresa con la que según los populares “el alcalde Juan Ávila pretende darnos el cambiazo” como los malos estudiantes antes de un examen.
El portavoz del PP Pedro J. García Hidalgo ha indicado que este cambio de gestión ha sido gestado por Ávila desde la oscuridad privando a la oposición de estar presente en la comisión de estudio que debía valorar cuál sería la mejor forma de administrar este servicio. Hidalgo afirma que “de las 25 reuniones que manifiestan haber tenido de esa comisión, tan sólo nos han entregado dos actas en las que ya se negaba el encargo del pleno a dicho órgano: estudiar cuál sería la mejor forma de gestionar el agua, puesto que ya se indica a los componentes de la comisión por parte de su presidente – el concejal de Hacienda – cuál es la fórmula que quieren antes de ser estudiado por los miembros de esa comisión”.
Los populares han criticado también que no se colgara el documento en la web municipal hasta que ellos la pusieron en su página www.popularesdecuenca.es, y una vez que lo solicitaron al Equipo de Gobierno 8 días después de haberse publicado en el B.O.P. Esto demuestra, a juicio de Hidalgo, el oscurantismo que está rodeando a todo este asunto.
Los populares consideran que con este cambio de gestión, Ávila va a crear toda una maquinaria de gasto y enchufe que supondrá un aumento muy considerable en el precio del agua que tendrán que pagar los bolsillos de los conquenses. El concejal Javier Ruiz ha afirmado que en la memoria que va a presentarse mañana en el Consejo Social se contempla una subida del 37% del agua, un 13% del alcantarillado y un 16% de la depuradora, además de las subidas que se han previsto ya para 2013 y que suponían un 18% para el agua y un 14 para los otros dos conceptos.
Ruiz también ha precisado que la memoria del agua tiene algunos desfases con respecto a la tasa del agua en cuanto a gastos e ingresos, y ha afirmado que con el cambio de gestión propuesto por los socialistas el SIM podrá poner el precio que estime oportuno ya que el agua pasará de ser una tasa, - cuyo importe está limitado al coste del servicio -, a un precio privado que el SIM podrá subir hasta el infinito sin control alguno por el ayuntamiento, ya que la naturaleza de este bien hace que su consumo sea imprescindible.
Desde el PP también apuntan a que es muy probable que el Ministerio de Hacienda ponga algún reparo a este cambio de gestión, ya que el Ayuntamiento está sujeto a un plan de ajuste que contemplaba una cantidad muy importante de ingresos en concepto de agua para el ayuntamiento que ahora dejará de percibir porque irán directamente a la empresa pública SIM. Por esta razón el Ministerio pedirá cuentas al ayuntamiento al no contar con esta cantidad.
El Grupo Popular ha insistido en que el cambiazo que pretende hacer Ávila supondrá que el precio del agua pueda dispararse y alertan sobre el error de crear una nueva empresa pública, que iría en contra de las recomendaciones del Gobierno Central, y que como ha quedado demostrado en la mayoría de ocasiones no mejora la gestión pública ni privada.
También han incidido en que en la propia memoria se recoge el motivo por el cual han optado por una empresa pública: ‘evitar los controles del derecho administrativo previstos para las administraciones’, un hecho que evitaría el requisito de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a empleo en esta empresa pública o que facilitaría contratar obras y servicios sin atenerse a la ley de contratos.
Los populares también se han hecho eco de la rumorología que sitúa al frente de la empresa del agua a quien fuera gerente de GEACAM, la empresa pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha. De ser cierto, piensan que el SIM podría convertirse en un “GEACAM dos”, en referencia a la gestión desastrosa de esta empresa que llevaron a cabo los socialistas del gobierno de José María Barreda, que dejaron una deuda de 93.000.000 euros.