El presidente del Partido Popular de Cuenca, Benjamín Prieto, ha afirmado hoy que el Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros es “un gran logro” del Gobierno de Rajoy ya que “por primera vez se van clarificar las competencias municipales, evitando duplicidades y eliminando el lastre que tienen las corporaciones locales de asumir competencias impropias”.
Según ha manifestado el líder de los populares conquenses en rueda de prensa, la Reforma de la Administración Local puesta en marcha por el Gobierno del PP se rige bajo la premisa de “una administración, una competencia” y persigue que las corporaciones locales se ajusten con eficacia, rigor, calidad y transparencia a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Prieto ha puntualizado que por primera vez se clarificarán las competencias municipales por Ley; se racionalizará la estructura de la Administración Local de acuerdo con los principios de estabilidad, sostenibilidad y eficiencia para que no se gaste más de lo que se ingresa; se garantizará un control financiero y presupuestario más riguroso; y se favorecerá la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas.
Asimismo, el dirigente popular ha valorado muy positivamente que el ahorro que supondrá el impacto de las medidas incluidas en la Reforma de la Administración Local en el periodo de 2013 a 2015 será de 7.129 millones de euros.
Clarificación de competencias locales
Para el presidente del PP de Cuenca, “es de suma importancia que gracias a esta Reforma por primera vez queden definidas con precisión la lista de competencias que deben ser desarrolladas por la Administración Local, para impedir así que se vuelvan a asumir competencias que no les atribuye la Ley y para las que no cuentan con la financiación adecuada”.
“De esta forma, se suprimirán las llamadas competencias impropias, asumidas indebidamente, y que estaban ocasionando un grave perjuicio económico a los ayuntamientos. Y a la vez, los ayuntamientos se asegurarán un numero de servicios mínimos en función de su población así como la financiación de los mismos, de forma que únicamente cuando esté garantizada la prestación de los servicios obligatorios se podrán prestar otros servicios”, aseveraba Prieto.
Racionalización de la estructura de la Administración Local
El presidente del PP conquense ha informado también que los servicios municipales se someterán a un proceso de evaluación por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para conocer su coste real y comparar con el gasto eficiente.
De este modo, explicaba Prieto, “si resultara que no se puede mantener un servicio tratándose de una competencia impropia, éste se tendría que suprimir; mientras que si se tratara de un servicio mínimo, la prestación de los servicios de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes pasaría a las diputaciones provinciales, y si es de más de 20.000 voluntariamente podrían decidir integrar el ejercicio de la competencia en la administración superior”.
Mancomunidades y Entidades Locales
Benjamín Prieto ha indicado también que no es cierto que las mancomunidades vayan a desaparecer, argumentando que éstas deberán someterse al mismo proceso de evaluación mencionado anteriormente en un periodo de tres meses, y únicamente en el caso de no superarlo serán disueltas, por lo que los servicios de las mancomunidades pasarán a depender de las diputaciones, mientras que los de las entidades locales menores a los municipios.
Retribuciones de los miembros de las corporaciones locales
Por último, Prieto se ha referido a los sueldos de los miembros de las corporaciones locales, que gracias a la futura Ley se fijaran anualmente en los Presupuestos Generales del Estado, según la población del municipio y limitado al del Secretario de Estado.
El presidente del PP ha puntualizado que esta Ley supondrá un respaldo al municipalismo manteniendo el número de concejales actuales y fijando un tope para la contratación de personal eventual en función del número de habitantes.