Tortosa defiende ahorrar recursos y evitar duplicidades, para destinarlo a los Servicios Sociales, sin que suponga un menor control de la gestión del Gobierno

El diputado regional del Grupo Parlamentario Popular, José Manuel Tortosa, ha defendido hoy la supresión de la Sindicatura de Cuentas para “eliminar duplicidades, consiguiendo una Administración más eficiente, eficaz y austera, al servicio de los ciudadanos”. Todo ello, -ha manifestado-, “dedicando más recursos a Educación, Sanidad y Servicios Sociales, sin que esto suponga un menor control de la gestión del Gobierno”.

Así se ha pronunciado Tortosa, durante su intervención en el Pleno de las Cortes regionales, donde ha defendido la supresión de la Sindicatura de Cuentas, que se ha aprobado en la sesión plenaria. El parlamentario ha recordado que, cuando la presidenta Cospedal llegó al Gobierno, partimos de una situación complicada, teniendo que hacer frente a una deuda de 10.800 millones de euros, con 600.000 facturas en los cajones y más de 3.800 millones de déficit.

Además, -ha continuado-, nos encontramos con una Administración sobredimensionada, que había crecido notablemente por encima de sus necesidades y cuyo tamaño nos estaba causando graves perjuicios.

Según el diputado regional, la Administración que dejó el PSOE era opaca y poco accesible, contaba con procedimientos de gestión no informatizados, con trámites con plazos excesivos y, como regla general, con silencio administrativo negativo; siendo una Administración en la que se exigían trámites innecesarios a la hora de implantar una empresa. Por tanto, “teníamos una Administración que se erigía ante los ciudadanos y ante los emprendedores como un muro, a menudo insalvable, y siempre distante y poco transparente”.

Por todo lo anterior, Tortosa ha apuntado que la primera medida adoptada por el Gobierno de la presidenta Cospedal fue el Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, con el único fin de anteponer a cualquier otra cuestión el bienestar de los ciudadanos y sentar las bases que aseguraran la prestación de una Sanidad, una Educación y unos Servicios Sociales Básicos de calidad, universales y gratuitos para todos.

También, desde el principio, -ha recordado Tortosa-, el Gobierno puso en marcha medidas con el objetivo de racionalizar la Administración regional con criterios de eficiencia y eficacia en el gasto, sin que esto supusiera en ningún momento una reducción ni el número de servicios prestados, ni una merma en la calidad de los mismos.

Tortosa ha expuesto que, con el fin de poner orden en las cuentas públicas, controlar el endeudamiento, reducir el déficit y apoyar e incentivar el emprendimiento, han ido viendo la luz medidas tales como la Ley de Emprendedores, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Ley de Medidas Tributarias, así como los mecanismos de Pago a Proveedores.

Además, según el parlamentario, el Gobierno regional ha emprendido reformas que han afectado a la estructura del propio Gobierno, reduciendo a la mitad el número de altos cargos, el personal eventual de confianza, los conductores y secretarias de altos cargos y llevando a cabo la supresión del complemento vitalicio de los exaltos cargos.

Asimismo, se han suprimido instituciones cuyas funciones se encontraban duplicadas con las del Estado, como son el Consejo Económico y Social, el Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, la Comisión Regional de Defensa de la Competencia de Castilla-La Mancha; así como se ha suprimido el sueldo de los diputados regionales y se ha impulsado la reducción a la mitad del Parlamento regional. Además, dentro del sector público, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha una reducción importante, para adecuarlo a una Administración moderna y eficiente.

Según Tortosa, este es el contexto en el que se enmarca la supresión de la Sindicatura de Cuentas, dentro del ejercicio de la más absoluta responsabilidad, para poner en marcha medidas que racionalicen y optimicen los recursos existentes.

El parlamentario ha indicado que el presupuesto destinado a la Sindicatura de Cuentas es de 1,6 millones de euros anuales; ”recursos que se podrán destinar a materia sanitaria, educativa o de servicios sociales, algo que realmente  repercute en el bienestar de los ciudadanos” y ha afirmado que sus funciones serán asumidas por el Tribunal de Cuentas, que es el máximo órgano fiscalizador, ha concluido.