El portavoz del Grupo Municipal Popular, Pedro J. García Hidalgo ha anunciado hoy que van a presentar en los próximos días una demanda por prevaricación contra el alcalde Juan Ávila y la Junta de Gobierno Local en el Juzgado de lo Penal, por haber devuelto los avales a la empresa adjudicataria de la O.R.A. con el informe en contra de la intervención. Asimismo, también se incluirá en esta demanda la modificación del contrato con esta empresa, que supondrá reducir un 25% las mejoras y ahorrarle a la misma más de 800.000 euros.
García Hidalgo ha explicado que todo este “enjuague”, como se a referido a este asunto, comenzó a finales de 2011 cuando se adjudicó el servicio de estacionamiento regulado (O.R.A.) de la capital a una empresa que ofertaba una serie de mejoras valoradas en 3.359.112 euros, que además “son determinantes” según la intervención para decantarse por este adjudicatario. Un año después, cuando faltaban aún 14 años para que concluyese la concesión, el alcalde firma un decreto en el que devuelve a la empresa los avales que garantizaban la realización de las mejoras durante todo el contrato. Este hecho es del todo “irregular” pues a partir de este momento el Ayuntamiento deja de tener garantías sobre la ejecución de estas mejoras.
El portavoz ha indicado que en ese momento ya presentaron una reclamación, puesto que esta devolución se produce con el informe desfavorable de la intervención. Un hecho que llama especialmente la atención, cuando últimamente el alcalde “no deja de decir que toma todas las decisiones con los informes favorables de los técnicos”.
Los hechos relatados son, según García Hidalgo “una prevaricación de libro” pues se toma una resolución injusta a sabiendas de lo que lo es, porque se decide devolver estos avales a pesar del informe contrario de la interventora municipal.
El asunto se complica cuando el PP denuncia este hecho en los medios, porque según cuenta el portavoz, es entonces cuando “Ávila comienza este enjuague encargando un informe para intentar explicar este acuerdo irregular sobre las mejoras del contrato”. Lo que hace es modificar el contrato ahorrándole a la empresa más de 800.000 euros en mejoras para la ciudad. Según cuenta García Hidalgo los contratos pueden ser modificados tras ser adjudicados sólo por interés público o de fuerza mayor, algo que según su criterio “no ocurre en este caso con el cambio de mejoras”, pues se trata de “adquisición de vallas para eventos, señalización en vías…”, cuestiones que no pueden ser consideradas precisamente de fuerza mayor.
Los populares denuncian que estamos ante un asunto “oscuro y extraño” y un ejemplo más del gobierno de la cueva de Juan Ávila. Consideran que al menos se trata de un caso de prevaricación administrativa, si bien pueden derivarse otro tipo de delitos o infracciones que se verán en los tribunales.
El PP ya presentó un contencioso relacionado, cuando se asfaltaron con cargo a estas mejoras, calles que no estaban reguladas por la O.R.A. Ahora lo completarán con una denuncia penal tras estudiar sus servicios jurídicos el expediente y observar la gravedad del asunto.