La Fiscalía se adhiere al recurso del PP sobre posible prevaricación de Hernández Valero

El Grupo Popular ha desvelado hoy que la Fiscalía se ha adherido al recurso de apelación interpuesto por el PP en el caso de posible prevaricación del concejal Enrique Hernández Valero, por entender que había sido contratado en fraude de ley en la empresa del agua, tras su conocimiento.

Este recurso, presentado por los populares el 8 de septiembre tras conocer un auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cuenca, por el que se archivaba la denuncia del PP. Este hecho supone que la fiscalía comparte los argumentos del recuso del Grupo Popular, en relación a la necesidad de practicarse pruebas necesarias para el esclarecimiento del caso.

En su escrito, la fiscalía dice adherirse al recurso del PP “contra el auto de sobreseimiento de uno de septiembre, a efectos de que se proceda a la práctica de diligencias acordadas por providencia de 14 de agosto de 2013, y una vez practicadas las mismas se proceda al dictado de la resolución oportuna al amparo del artículo 779 de la ley de enjuiciamiento criminal”.

Los populares presentaron una denuncia en junio de 2013 porque sospecharon que ocurría algo extraño cuando vieron un decreto del alcalde por el que Hernández Valero dejaba de estar liberado y de cobrar del Ayuntamiento, sin que esto fuera público ni anunciado en ningún órgano.

Tras su investigación y petición de documentación descubrieron que la empresa municipal “Aguas de Cuenca”, había contratado a Hernández Valero de forma indefinida. Este hecho además de ser “inmoral y reprobable políticamente” como ya indicó el portavoz popular Pedro J. García Hidalgo en el momento de presentar el recurso, puede ser una “ilegalidad”. Hidalgo ya afirmó cuando presentaron el recurso, que no se habían practicado algunas pruebas muy importantes que podrían dar un resultado completamente distinto, lo que ahora confirma la fiscalía.

La Fiscalía confirma la necesidad de que se practiquen las diligencias que no se practicaron y fueron acordadas, tales como el aporte de documentación como la vida laboral del concejal en cuestión, certificado de quien realiza la solicitud de alta y baja como trabajador de la empresa del edil socialista o el certificado de si consta contrato del responsable de Hacienda con la empresa de aguas. Todos estos documentos deben ser ahora expedidos por la Tesorería General de la Seguridad Social.

En el recurso de apelación de los populares indican que el Ayuntamiento tan solo ha aportado al Juzgado la documentación que le interesaba, sin hacer caso a las diligencias propuestas por el Grupo Popular y que fueron admitidas por el Juzgado. Detallan además las razones por las que encuentran un posible caso de prevaricación y se preguntan por qué si es una actuación legal, se da de baja el contrato tipo 100 de Hernández Valero ante las protestas del PP.

Hidalgo ha mostrado su satisfacción por esta decisión de la fiscalía que  les da la razón. El portavoz popular ha indicado que siguen pensando que con este asunto el gobierno de Juan Ávila ha podido cometer prevaricación y lejos de quedar archivado la justicia va a seguir investigando lo sucedido.