El Grupo Municipal Popular ha desvelado hoy que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cuenca, ha admitido la querella presentada por el PP contra el alcalde Juan Ávila y su Junta de Gobierno, por un posible delito de prevaricación en la devolución de los avales del contrato de la O.R.A. El Juzgado ha emitido un auto en el que acuerda incoar diligencias previas conforme a los artículos 757 y 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El PP presentó esta querella en el Juzgado Penal porque la Junta de Gobierno Local había decidido devolver los avales a la empresa adjudicataria del servicio de estacionamiento regulado (O.R.A.), con el informe contrario de la intervención. En el texto también argumentaban que se había producido una modificación del contrato con la empresa, que suponía reducir un 25% las mejoras y ahorrarle a la misma más de 800.000 euros, que dejarían de invertirse en la ciudad.
El portavoz popular, Pedro J. García Hidalgo, que ya calificó el asunto de auténtico “enjuague de Ávila”, ha indicado que la justicia ha ratificado que existen indicios de posible delito. Hidalgo ha afirmado que “estamos ante un hecho con varias irregularidades” que ya comenzaron desde la adjudicación a la empresa concesionaria, que se justificó precisamente por las importantes mejoras ofertadas que fueron valoradas en 3.359.112 euros. Según recoció la propia intervención fueron “determinantes” para decantarse por esta opción.
El PP indicó en su denuncia que un año después, cuando faltaban aún 14 años para que concluyese el período de concesión, el alcalde firmó un decreto en el que devolvió a la empresa los avales que garantizaban la realización de las mejoras durante todo el contrato. A partir de este momento, el Ayuntamiento deja de tener garantías sobre la ejecución de estas mejoras, un hecho “inaudito y del todo irregular”, como lo califica García Hidalgo.
Los hechos fueron definidos en el momento de presentar la querella por el portavoz del PP como “prevaricación de libro”, pues se tomó una resolución injusta a sabiendas de lo que lo era. Se decidió devolver estos avales a pesar del informe contrario de la interventora municipal.
El asunto se complicó cuando el PP denunció en los medios lo que estaba ocurriendo, momento en el que “Ávila comienza este enjuague encargando un informe para intentar explicar este acuerdo irregular sobre las mejoras del contrato”. Lo que hace es modificar el contrato ahorrándole a la empresa más de 800.000 euros en mejoras para la ciudad. Según detalló García Hidalgo los contratos pueden ser modificados tras ser adjudicados sólo por interés público o de fuerza mayor, algo que según su criterio “no ocurre en este caso con el cambio de mejoras”, pues se trata de “adquisición de vallas para eventos, señalización en vías…”, cuestiones que no pueden ser consideradas precisamente de fuerza mayor.
El Grupo Popular ha reiterado hoy que estamos ante un asunto “oscuro y extraño”, y la prueba es la propia decisión del Juzgado Penal, abriendo diligencias previas por tratarse de hechos que “presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa”, como recoge literalmente este auto que acaban de conocer los populares y que está fechado el 16 de diciembre.