Moya destaca que con la Ley para la Defensa de la Calidad Alimentaria “se dará un tratamiento homogéneo a todos los operadores del sector agroalimentario”

La senadora del Partido Popular por la provincia de Cuenca, Marina Moya, ha destacado como con la nueva Ley para la Defensa de la Calidad Alimentaria “se logrará dar un tratamiento homogéneo a todos los operadores del sector agroalimentario, con independencia de su ámbito territorial”.

Marina Moya, que ha sido ponente en la Comisión de Agricultura en el Senado que el miércoles aprobó esta norma tan demandada, ha explicado que con esta nueva Ley el Gobierno de Rajoy continúa en su labor de modernizar la normativa alimentaria de calidad, con el objetivo de crear un marco idóneo para la mejora de la competitividad de la industria alimentaria española y potenciar la confianza en los productos alimenticios en los mercados nacional e internacional, tan necesaria para dar prestigio a la Marca España de un país con una clara vocación exportadora.

Además, tal y como ha asegurado Moya, con esta Ley el Gobierno del Partido Popular “ha pretendido dar respuesta al vacío legal que existe y que se nos venía exigiendo desde la Unión Europea para armonizar el amplio conjunto de normas en materia de control oficial sobre los alimentos”.

Otro punto muy importante que ha querido resaltar la parlamentaria nacional es que esta norma logra también trasladar confianza al consumidor sobre el alimento, “y esta confianza y la calidad misma de los productos son la clave del éxito de nuestros intereses en los mercados nacionales e internacionales”.

Profundizando en la Ley, Moya ha explicado que con ella se contribuirá a la unidad de mercado en el ámbito del control de la calidad y defensa contra el fraude alimentario, así como a la competitividad, transparencia y claridad del sector alimentario, a la vez que protegerá los derechos de los operadores de la industria alimentaria frente a la competencia desleal.

Al mismo tiempo, Moya ha indicado que esta norma establece sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias, con el objetivo de frenar el fraude alimentario, además de la incorporación y sistematización de otras formas e instrumentos de control, como la trazabilidad y el autocontrol, tanto de manera individual como el realizado por las asociaciones sectoriales.

Asimismo, la norma prevé el establecimiento de un sistema de información para conocer y atajar el fraude alimentario por las autoridades competentes, tanto a nivel nacional como en las relaciones de España con la Unión Europea y el resto de Estados miembros.

Marina Moya ha afirmado que estos procedimientos de control y de sanción a los que deben responder los operadores en caso de inspecciones realizadas en sus establecimientos, “otorgan mayor seguridad jurídica, ya que las empresas serán tratadas de la misma manera en todo el territorio nacional, con lo que se contribuye a la unidad de mercado en el ámbito del control de la calidad y la defensa contra el fraude alimentario”.

Por último, la senadora del PP ha remarcado que esta Ley facilitará la innovación y el desarrollo de nuevas empresas responsables en España, con lo que se garantiza a los consumidores la adquisición de productos de calidad.