El secretario del Área de Medio Ambiente del Partido Popular de Cuenca, Javier López Salmerón ha celebrado que el Congreso de los Diputados haya aprobado una Proposición No de Ley presentada a instancias del Grupo Popular gracias a la cual se garantiza la compatibilidad y convivencia de las especies exóticas invasoras con las actividades cinegéticas y piscícolas.
Según ha explicado Salmerón, con esta iniciativa del Partido Popular se ha buscado una solución para compatibilizar la protección del medio ambiente en la forma que la sentencia del Tribunal Supremo dispone con la protección de la actividad y el empleo de los sectores cinegético y piscícola, con especial incidencia en el mundo rural.
Para ello, Salmerón ha detallado que esta medida prevé impulsar la modificación de los artículos relativos a la prevención y control de las especies exóticas invasoras en la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, teniendo en cuenta la prescripción del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo en cuya aprobación participó activamente España.
“Desde el Partido Popular siempre hemos mantenido que las actividades cinegética y piscícola practicadas de forma racional y sostenible aportan considerables beneficios no solo sociales y económicos, sino también medioambientales y culturales, y además mantienen un alto compromiso con la conservación de las especies, tienen profundo arraigo en nuestras tradiciones y constituyen un sector económico con importante capacidad de generar renta y empleo en el mundo rural”, afirmaba el popular.
A juicio de Salmerón, “nos encontramos ante un paso de gigante en una situación que ha generado una gran preocupación por los efectos económicos y sociales que pueden producirse para municipios rurales en los que esas actividades deportivas, turísticas y de ocio tienen una gran repercusión en la provincia de Cuenca”.
De ahí que el dirigente popular haya subrayado la necesidad de impulsar la modificación de los artículos relativos a la prevención y control de las especies exóticas invasoras de la Ley 42/2007, así como incluir el apartado de especies alóctonas naturalizadas como en resto de estados miembros de la UE. Para ello también habría que tener presentes las prescripciones del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo a este respecto, así como la importancia de impulsar la colaboración con las comunidades autónomas de cara a la elaboración de las correspondientes estrategias y planes de erradicación y control de las especies catalogadas como especies exóticas invasoras.
Antecedentes
Salmerón ha recordado como el 14 de noviembre de 2011, una semana antes de las elecciones generales, el todavía Gobierno de Zapatero aprobó un real decreto, en el que se regulaba el listado y catálogo español de especies exóticas invasoras, lo que supuso la restricción de ciertas actividades en el caso de la caza y de la pesca y su aplicación planteó diversas dificultades.
Ello motivó, según ha explicado el popular, la presentación de diversos recursos que fueron objeto de dos autos del Tribunal Supremo y de la promulgación del acuerdo de Consejo de Ministros, ya con un Gobierno del Partido Popular, que anulaba diversos artículos, disposiciones y el anexo II del real decreto y acordaba iniciar el procedimiento de modificación, con el objetivo de dar seguridad jurídica a actividades relacionadas con las especies exóticas invasoras como la caza y la pesca deportiva.
La sentencia del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 2016, que anula parcialmente la normativa anterior, ha generado una gran preocupación por los efectos económicos y sociales que puede producir, fundamentalmente, por tres motivos: primero, cataloga como exóticas invasoras determinadas especies no contempladas en el real decreto, entre ellas algunas que son objeto de caza o pesca deportiva como la carpa, el lucio, la trucha arco-iris, el black bass, el arruí. Todo ello implica la prohibición genérica de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos de estas especies. Segundo, elimina la posibilidad de caza y pesca deportivas de las especies catalogadas, lo que supone efectos económicos negativos para municipios rurales en los que esas actividades deportivas, turísticas y de ocio tienen una gran repercusión económica. Y tercero, dificulta actividades comerciales e introduce dudas sobre el régimen de algunas explotaciones industriales que utilizan especies catalogadas para la alimentación.