Bonilla apuesta por seguir impulsando la regulación de los grupos de interés y avanzando en una mayor seguridad jurídica y transparencia

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular  en el Congreso, María Jesús Bonilla ha asegurado que “el objeto de esta modificación es regular el estatuto jurídico de los grupos de interés, a través del establecimiento de una definición inclusiva del concepto mismo del grupo de interés, que aporte seguridad y transparencia a la hora de saber quiénes deben estar sujetos a la inscripción pertinente”.

Durante la defensa de la Proposición de Ley del GPP para la regulación de los Grupos de interés, la dirigente del PP ha afirmado que “la mejora en la calidad democrática ha sido uno de los objetivos prioritarios en la política del Gobierno del Partido Popular, y se ha puesto de manifiesto legislando en todos los ámbitos en los que se podía mejorar la regulación vigente”.

“Somos los que más medidas y más reformas hemos acometido en materia de regeneración democrática en los últimos 40 años, medidas que implican una mayor transparencia de la vida pública y una mayor exigencia para quienes ocupamos cargos públicos”, ha señalado Bonilla, a la vez que ha añadido “para este Grupo Parlamentario, la regeneración democrática no consiste en denostar, en inculpar a toda la clase política, no lo es porque nuestra actitud es de compromiso con los ciudadanos, nuestra actitud es de crear en positivo, y por eso hemos promovido iniciativas para ir al fondo de las cuestiones”.

LEY DE TRANSPARENCIA APROBADA POR EL GOBIERNO DEL PP

En este sentido, ha recordado que “un ejemplo destacado de ello es la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que es la primera Ley de Transparencia de nuestra historia, tras diez legislaturas democráticas, y que se ha debido al impulso del Gobierno del Partido Popular”.

“Una Ley”, ha remarcado “que ha supuesto un verdadero cambio de perspectiva, ya que por un lado, ha impulsado un derecho de información activa por parte de las Administraciones Públicas, a través del Portal de Transparencia –en el que se han volcado miles de datos relevantes relacionados con el sector público, desde sueldos de altos cargos, a licitaciones, y organización interna de los distintos Ministerios, Agencias y demás Organismos Públicos”.

A su juicio, “la transparencia, no debe olvidarse, es la cualidad que mejor determina la calidad democrática de un sistema político, y España, a través de la progresiva implementación de los preceptos y de los compromisos que se explicitan en esta Ley, sin duda alguna se ha puesto a la cabeza de las democracias occidentales en lo que a transparencia se refiere”.

También, ha subrayado la diputada por Cuenca que “la transparencia es, además, un presupuesto básico en la lucha contra la corrupción, ya que en la medida en que el ciudadano esté más informado y le sea más asequible conocer datos relevantes del sector público y de sus titulares, mejor podrá ejercer esa imprescindible labor de tutela pasiva que también es básica en cualquier sistema democrático”.

EL PP IMPULSO LA LEY REGULADORA DEL EJERCICIO DEL ALTO CARGO

Así, la dirigente del PP ha señalado que “otra importante muestra de la relevancia que el Gobierno otorga a estas cuestiones es la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, también impulsada por el Gobierno”.

En su opinión, “para aumentar la transparencia y la ética en nuestro parlamentarismo, se propone una regulación de los grupos de interés con el fin de mejorar el proceso legislativo haciéndolo más transparente, partiendo de la premisa de que la actuación de los grupos de interés es legítima, y constituye un mecanismo de actuación de la sociedad civil y de participación de ésta en la conformación de las políticas públicas y de la legislación, contribuyendo así a la mayor calidad de nuestras leyes”. “Es un paso más en la transparencia en el proceso de toma de decisiones”, ha aseverado.

Para María Jesús Bonilla “es evidente que la interacción de los poderes públicos con las empresas, asociaciones, ONG, organizaciones comerciales y profesionales, sindicatos, grupos de reflexión, etc., es legítima y necesaria para la calidad de la democracia, porque se aportan perspectivas, puntos de vista, opiniones y criterios que –de otra forma- serían difíciles de percibir y conocer por el legislador.

“Durante la X legislatura se trabajó en el seno del Congreso de los Diputados en una ponencia parlamentaria que trató de acordar un marco de consenso para abordar esa y otras cuestiones”, ha señalado Bonilla, quien ha afirmado que “el Grupo Parlamentario Popular, con el objeto de aumentar la transparencia y la ética en nuestro parlamentarismo puso de manifiesto en repetidas ocasiones la conveniencia de proceder a la regulación de los grupos interés o lobbies en el Reglamento de nuestro Congreso de los Diputados, para que se dotase a la norma de gobierno y funcionamiento de la Cámara de la pertinente ordenación y regulación del funcionamiento de estos grupos de interés”.

“Son todos aquellos representantes de los grupos de interés que quieran mantener encuentros con los diputados y personal adscrito a su labor parlamentaria con el objeto de trasladar sus intereses y propuestas”, ha explicado Bonilla quien ha anunciado la creación de un Registro Público de carácter obligatorio en el que deban inscribirse los representantes de los grupos de interés”.

Además, “la inscripción en el registro conlleva el acatamiento de unas normas de conducta, que se aplican al trato de dichos representantes con los diputados y se establece por tanto un código de conducta al que deben someterse con plena publicidad y transparencia sus actividades en la Cámara”.

Y, finalmente, “se establece un órgano encargado de la supervisión del registro que se encomienda a la Presidencia del Congreso de los Diputados con apoyo de la Secretaria General”, ha apuntado.