Bonilla respalda la decisión “firme y serena” del Gobierno de Rajoy de aplicar el artículo 155 de la Constitución

La diputada nacional del PP por la provincia de Cuenca y portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, María Jesús Bonilla, ha respaldado la decisión “firme y serena” del Gobierno de Rajoy de aplicar el artículo 155 de la Constitución española ante el desafío soberanista de Cataluña.

Bonilla ha remarcado que su aplicación tiene sus complicaciones y lleva a una situación compleja por lo inédito que supone para España, ya que hasta la fecha, nunca se había aplicado. “El artículo 155 no es una fórmula mágica, tiene sus dificultades, y es aquí donde hay que ensalzar la prudencia, la proporcionalidad, la firmeza y, sobre todo, la eficacia con la que el Gobierno de Rajoy ha llegado a esta decisión”.

La diputada del PP ha subrayado que el Gobierno de Rajoy “no va a suspender la autonomía ni el autogobierno, sino que pretende cesar a aquellas personas en han puesto al autogobierno de Cataluña fuera de la Ley, fuera de la Constitución y fuera del Estatut”.

“El principal objetivo del Gobierno es volver a  la legalidad, recuperar la normalidad y la convivencia en Cataluña, continuar con la recuperación económica y social, y que se celebren elecciones autonómicas con todas las garantías legales”, afirmaba Bonilla.

Asimismo, ha destacado como el Partido Popular siempre ha estado dispuesto a dialogar, pero siempre dentro de la Constitución y de las leyes. “Mientras el Govern de la Generalitat insiste en incumplir la legalidad vigente, el Gobierno de España –apoyado por PSOE y Ciudadanos- recurre al artículo 155, un instrumento legal como otro cualquiera, para devolver la normalidad democrática a las instituciones catalanas, porque ni el Estado de Derecho ni sus instituciones, entre ellas el Gobierno español, van a admitir amenazas ni chantajes”. 

Bonilla ha insistido en que en contra de lo que los independentistas dicen, esta aplicación no supone el fin del autogobierno, sino todo lo contrario: restablece la legalidad frente a la deriva diseñada por Puigdemont, Junqueras y la CUP.

Para ello, se ha remitido al Senado, para su aprobación, las siguientes medidas principales: autorizar al Gobierno de España a proceder al cese del presidente de la Generalitat, al Vicepresidente y a todos los Consejeros que integran el Gobierno de la Generalitat y  sustituir a estos cargos, en el ejercicio de sus funciones, por los órganos y autoridades que designe o cree, a tal efecto, el Gobierno de España. Como consecuencia de ello, y de forma específica, corresponderá al presidente del Gobierno la competencia para decretar la disolución anticipada del Parlamento de Cataluña y, por tanto, la convocatoria de elecciones autonómicas, que deberá ejercerse en el plazo máximo de 6 meses.

En este marco, se establecen una serie de medidas singulares en atención a la especial sensibilidad de determinadas materias como son seguridad y orden público, gestión económico, financiera, tributaria y presupuestaria, y  telecomunicaciones. Además, el Parlamento de Cataluña continuará ejerciendo su función representativa, si bien se establecen una serie de medidas para garantizar que lo haga con pleno respeto a la Constitución y al Estatuto de Autonomía.

Por último, las medidas propuestas por el Gobierno se mantendrían vigentes y serían de aplicación hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat, que resulte de la celebración de las elecciones convocadas al efecto.