Una de las principales líneas estratégicas de la Diputación Provincial de Cuenca es, sin lugar a dudas, la lucha contra la despoblación y con este objetivo lleva a cabo desde hace seis años una serie de acciones, entre las que se encuentran la recuperación del patrimonio como instrumento dinamizador del territorio y el apoyo a los emprendedores de la provincia.
A estas acciones, la Diputación conquense ha sumado este año la colaboración con asociaciones y entidades en la búsqueda de iniciativas contra la despoblación, contemplando en sus presupuestos una partida de 90.000 euros para tal fin. Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de la institución provincial, Benjamín Prieto, en la última reunión de la Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo Integral de La Mancha Alta Conquense (ADIMMAC), que ha tenido lugar hace unos días en la localidad de Carrascosa del Campo.
Allí Prieto ha dejado clara la voluntad de la Diputación de colaborar con los grupos de acción local, asociaciones y entidades que busquen iniciativas para apoyar al territorio, a los emprendedores y, sobre todo, a diseñar estrategias contra la despoblación, marcando una hoja de ruta e intentando participar en aquellas figuras de las instituciones europeas que en el futuro posibiliten atraer para la provincia más fondos comunitarios e impedir que se pierdan recursos, sin dejar a un lado la movilización de todos los recursos culturales, naturales y patrimoniales de la provincia.
Y es que, desde su punto de vista, los grupos de acción local cuentan con un amplio bagaje y experiencia en esta cuestión que les permite jugar un papel fundamental en esta lucha contra la despoblación. De ahí que sea necesario aunar esfuerzos con el fin de que en la próxima convocatoria de fondos comunitarios la provincia de Cuenca no solo pueda dar a conocer y diagnosticar sus problemas, sino también que sean tenidos en cuenta en el nuevo reparto de fondos comunitarios.
Lo que no se puede ocurrir, a su juicio, es que nuestra provincia tenga que sufrir el bloqueo de fondos comunitarios, como el que está ejerciendo desde hace más de dos años y medio el Gobierno de García-Page con los 6,5 millones de euros asignados por el anterior Ejecutivo castellano-manchego de Cospedal a la Diputación como órgano con senda financiera, a pesar de que se les remitieron las bases de una convocatoria con el fin de que los Ayuntamientos de la provincia pudieran optar a estas ayudas.