El PP pedirá al Gobierno de Sánchez que reforme la Ley para que los ciudadanos no tengan que pagar al firmar una hipoteca

La senadora del PP por la provincia de Cuenca, Montserrat Martínez, ha anunciado hoy que el Grupo Parlamentario Popular en el Senado pedirá al Gobierno de Sánchez que reforme la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para que los ciudadanos no paguen nada al firmar una hipoteca.

Martínez, que ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa para dar cuenta de las iniciativas que el PP va a presentar esta semana en el pleno del Senado, ha insistido en que es necesario que se modifique esta Ley para eliminar un impuesto  que no solo repercute en las hipotecas, sino también en la constitución de sociedades y en la compraventa de vehículos de segunda mano.

“Desde el Partido Popular creemos en la bajada de los impuestos, de hecho nuestro presidente Pablo Casado ya anunció que cuando llegue al Gobierno de España impulsará una revolución fiscal para reducir los impuestos de la renta y de sociedades y suprimir los impuestos de Patrimonio, Donaciones, Sucesiones y Actos Jurídicos Documentados; como también se comprometió Paco Núñez en Castilla-La Mancha después de que Page, nada más llegar al Gobierno regional, subiera al doble el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, perjudicando a los ciudadanos y provocando que muchas empresas se fueran a otras comunidades limítrofes con menor carga fiscal”, explicaba la senadora del PP.

Martínez ha puesto como ejemplo lo que ha tenido que pagar un conquense de este impuesto (en Castilla-La Mancha es del 1,5 por ciento) cuando ha firmado una hipoteca, frente a un madrileño (donde pagan tan solo el 0,5 por ciento). Por ejemplo, un conquense que firmó una hipoteca en agosto de 2017,  con un capital medio de 142.520 euros, tuvo que pagar 2.137 euros en concepto de este impuesto; mientras que si la hubiera suscrito en Madrid solo hubiera pagado 712 euros, es decir una diferencia de una ciudad a otra de 1.425,8 euros.

O un conquense que en julio de este año haya firmado una hipoteca en Cuenca, con un capital medio de 139.629 euros, aquí ha pagado 2.094 euros de este impuesto, mientras que si lo hubiera hecho en la Comunidad de Madrid hubiera sido 698 euros. Una diferencia de 1.396 euros, que multiplicado por las 83 hipotecas que se han constituido en Cuenca en el mes de julio de 2018, haría la suma de 115.892 euros de más que ha recaudado el Gobierno de Page en este periodo concreto.

Y es en este punto, donde Martínez se ha preguntado cómo es posible que si el PSOE duplicó este impuesto y, por lo tanto, la Junta recauda más dinero -en teoría-, la deuda de Castilla-La Mancha haya aumentado en 1.303 millones de euros desde que Page es presidente, habiendo ahora una media de deuda por habitante castellano manchego de 7.244 euros. “Algo que no tiene sentido y nos deberían explicar”, aseguraba.

En otro orden de asuntos, la senadora por Cuenca también ha explicado  que el PP solicitará en el pleno que se compense a las comunidades autónomas en el nuevo sistema de Financiación Autonómica, que se tengan en cuenta nuevos criterios a la hora del reparto, como la despoblación que afecta a Castilla-La Mancha y a Cuenca y, hasta que se apruebe, se establezca un sistema equitativo de compensación.

“Cuando estaba Rajoy en el Gobierno de España, Page no se cansaba de pedir un nuevo sistema de financiación y más dinero para Castilla-La Mancha, y ahora que está Sánchez lo pide con la boca pequeña”, declaraba Martínez.

REFORMA EDUCATIVA DE SÁNCHEZ, UNA VUELTA AL PASADO

Además, la dirigente del PP ha explicado que la reforma educativa es otro de los asuntos que más preocupa al Grupo Popular en el Senado, máxime después del anuncio del Ministerio de Educación de su intención de cambiar la LOMCE y, entre otras medidas, devolver a las comunidades autónomas el poder de regular las lenguas cooficiales en el aula, y dar el título de Bachillerato con una asignatura suspensa o el de la ESO desde la FP Básica sin tener que hacer el examen correspondiente, como  está regulado en la actualidad.

Según ha indicado Martínez, “esto supondría un vuelta al pasado, un recorte de las libertades y una cesión más a sus socios nacionalistas; además supondría devaluar la educación y los títulos, y sobre todo, perjudicar a los más desfavorecidos porque si desde los poderes públicos no somos capaces de dar a nuestros jóvenes una educación de calidad, al final estos títulos tendrán menos valor y la universidad se convertirá en una fábrica de indignados”.