Así lo avanzó hoy, en rueda de prensa, el secretario segundo de la Mesa de las Cortes, Leandro Esteban, quien, acompañado por el portavoz de Economía y Presupuestos del PP, José Manuel Tortosa, explicó que este nuevo recurso se presenta por la vulneración de derechos como el de la participación política.
Según explicó, la Mesa rechazó ayer el recurso de reconsideración presentado por el PP teniendo en cuenta un informe de los servicios jurídicos de la Cámara según el cual existe una resolución de la Mesa del año 1989 "que respetamos pero no compartimos" que establece un plazo y una hora.
En este punto, el parlamentario del PP recordó que "cuando la Mesa quiere fijar un plazo en términos de día y hora lo hace y cuando no quiere no" y respecto a la presentación de las enmiendas no se puso hora concreta, sino día, y existen de ello muchos ejemplos anteriores, apuntó.
A su juicio, lo ocurrido con las enmiendas es "un atropello más" y un "no coger por los pelos sino retorcer la ley hasta hacerle vomitar", lo cual ha obligado al PP a acudir a los tribunales por segunda vez, cosa que hará "cuando veamos que es necesario" para la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha.
354 ENMIENDAS EN UNA MOCIÓN
Esta situación, por otra parte, ha obligado al Partido Popular a presentar sus 354 enmiendas a los Presupuestos de 2008 a través de una moción, consecuencia de una Interpelación que se debatió en pleno la semana pasada, tal y como confirmó el parlamentario del PP José Manuel Tortosa.
Esa moción incluye seis puntos, en los que, junto a las enmiendas, se explican las necesidades y correcciones que deben recoger los presupuestos en un aspecto más formal, tales como eliminar del texto todos los términos "laudatorios y propagandísticos" del Ejecutivo regional.
Además, el texto insta a utilizar un lenguaje más objetivo e institucional para facilitar una mayor comprensión y un mejor control; y a que haya una mayor desagregación de las partidas para conseguir una mejor concreción e identificar fácilmente el gasto y la inversión. Igualmente demanda una mayor regulación del sector público en los presupuestos y que de las empresas de este sector se dé una información más clara y extensa.
Finalmente, plantea al Ejecutivo que tome medidas para eliminar partidas o reducir aquellas otras que están destinadas a gastos "superfluos" como los recogidos en el artículo 25 del Anteproyecto de Ley de Presupuestos, referido a los sueldos porque, a juicio de Tortosa, es "inmoral" teniendo en cuenta la situación económica de Castilla-La Mancha.