El Grupo Popular en la Diputación de Cuenca ha vuelto a denunciar públicamente el enésimo incumplimiento flagrante de las promesas del presidente de la Institución provincial, Juan Ávila Francés, en esta ocasión relacionado con el Servicio Integral de Gestión de los Residuos de la Construcción y Demolición, del que no se tiene ninguna información en las filas populares.
Según el contrato firmado por el presidente del CONSORMA, Juan Ávila, hace seis meses que deberían estar en funcionamiento las 16 instalaciones para el tratamiento de los residuos de la construcción, repartidas estratégicamente por toda la provincia, que suponían una inversión de 18 millones de euros y la creación de 31 puestos de trabajo, tal y como anunció el 11 de diciembre de 2008 el presidente de la Diputación.
“A día de hoy, todo ha quedado en un nuevo engaño mayúsculo y masivo a los conquenses. Y como viene siendo habitual en el Sr. Ávila, lo hizo con todo el boato al que nos acostumbra, en el salón de plenos de la Diputación provincial, rodeado por el diputado de Asistencia Técnica al Municipio, Marino Martínez Guijarro, y el vicepresidente del CONSORMA, Alfonso Plaza Plaza, todos sonrientes y dándose la mano en grupo, asegurando que la provincia de Cuenca sería la primera en ofrecer un tratamiento integral de los residuos de la construcción y demolición (RCD). Y un año después, lamentamos que la gestión del Sr. Ávila y del PSOE siga condenando a la provincia de Cuenca a ser la última”.
Por ello, el Grupo Popular ha aseverado que esto no es otra promesa más incumplida, sino que ahora es “más grave”, puesto que llevan seis años mintiendo insistente y repetidamente, y la gestión de los RCD’s en la provincia no está resuelta. “Ahora hay un contrato, unas obligaciones que cumplir y un servicio que dar a los ciudadanos y a los empresarios de esta provincia. El Plan de Gestión aprobado por la Junta General del Consorcio ha quedado en agua de borrajas y el Sr. Ávila sigue demostrando su incompetencia como gestor, ya que por su mal hacer la provincia de Cuenca sigue estando a la cola en el tratamiento de los residuos y en los servicios que se ofrecen a sus ciudadanos y a los empresarios”.
Para el Grupo Popular, el Plan de Gestión Integral de los RCD's es, ante todo, un servicio que se ofrece a los empresarios de la construcción y empresas afines para que gestionen correctamente los residuos que generan sus actividades, que por su origen y tipología tienen el carácter de industriales. Por ello, han lamentado que la incompetencia continuada de los diferentes cargos socialistas que han pasado por las consejerías y delegaciones provinciales de Medio Ambiente, por la Diputación y el Consorcio hayan dejado a Cuenca en la única provincia en la que los empresarios no cuenten con instalaciones para llevar los RCD´s y que estos sean tratados a un precio razonable y con todas las garantías medioambientales.
“Han pasado muchos años, desde que en septiembre de 2003, la consejera Arévalo anunciara estas inversiones. Este tipo de noticias sólo quedan en fotos, grandes titulares y promesas de creación de empleo y de riqueza incumplidas, que se convierten en un problema para el medio ambiente y los ayuntamientos, que tienen que asumir unos gastos de gestión que no les corresponden, al ser residuos industriales y no urbanos”, apuntan los diputados del PP.
Asimismo, los populares han exigido toda la documentación de las circunstancias que rodean a este nuevo engaño masivo que se está ocultando a los conquenses, más aún cuando las obras y las inversiones deberían haber concluido en la primera mitad de 2009 y no se han llevado a cabo ni los cinco centros de tratamiento, ni las nueve estaciones de transferencia ni las dos zonas de acopio repartidas estratégicamente por la provincia. Los precios que se están cobrando son el resultado de un estudio económico que contemplaba todas las inversiones y su amortización a lo largo de la concesión.
En espera de la información, el Grupo Popular ha denunciado también el despilfarro de los fondos públicos, ya que gran parte de las obras llevadas a cabo por el Gobierno de Barreda, con anterioridad al contrato, cercanas a los 2,5 millones de euros entre la maquinaria y el vertedero de inertes de RCD´s, provienen de fondos de cohesión comunitarios para reducir las disparidades sociales y económicas de la Unión Europea. Obras que están aún pendientes de legalización, “por lo que exigimos que los máximos responsables de la situación, el presidente de la Diputación, Juan Ávila Francés y sus adláteres Alfonso Plaza Plaza y Marino Martínez Guijarro, den explicaciones cuanto antes y empiecen a asumir las responsabilidades de todo tipo que correspondan”, concluían desde el Grupo Popular en la Diputación Provincial de Cuenca.