El diputado portavoz del Grupo Popular en el Consorcio para la Prestación del Servicio de Extinción de Incendios, Protección Civil y Emergencias en la provincia de Cuenca, Ángel Mariscal, ha anunciado que en los próximos días, de comprobarse que en el Consorcio 112 se ha pagado alguna prestación económica contraria a la legalidad y saltándose los informes y los trámites, como los diputados populares sospechan, acudirán a la Justicia “por respeto a los conquenses y a los ayuntamientos de la provincia que se merecen una gestión transparente y una información detallada del destino del dinero que se detrae de las arcas municipales”.
Mariscal, que ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa, ha afirmado que el PP va a pedir un certificado al secretario-interventor del Consorcio 112 para saber si se han pagado retribuciones complementarias con anterioridad a la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Junta General de ayer, día 28 de abril, en un intento desesperado de Juan Ávila (presidente) y Javier Priego (vicepresidente) de salvar responsabilidades administrativas, económicas, judiciales e incluso penales.
Según ha explicado Mariscal, en una semana, los diputados y alcaldes socialistas miembros del Consorcio han dado marcha atrás a su intención de pagar al personal laboral, y con carácter retroactivo, unas retribuciones económicas sin estar concluido el trámite del nuevo convenio colectivo y sin tener un respaldo presupuestario. “Lo hicieron de forma premeditada sin estar incluido en el orden del día y durante una sesión extraordinaria”.
Asimismo, el viceportavoz del Grupo Popular ha indicado que de las irregularidades administrativas que se repiten desde el inicio del mandato, como: tener unos presupuestos prorrogados desde 2008, la ausencia de memorias de gestión, informes y protocolos de evaluación, la no convocatoria de las sesiones ordinarias ni de oposiciones (más de la mitad de la plantilla laboral es interina), y la ausencia del plan de viabilidad técnica y económica del Consorcio, se ha pasado a hechos más graves que pudieran ser constitutivos de prevaricación.
“Por la vía del yo me lo guiso yo me lo como, los Sres. Ávila y Priego han negociado un convenio sin amparo legal ni presupuestario, han menospreciando los informes preceptivos de los dos interventores, con serías advertencias de ilegalidad y acordaron pagar con carácter retroactivo unas retribuciones económicas que todavía no son definitivas. Y lo peor de todo es que los grandes perjudicados por todo este cúmulo de irregularidades que venimos denunciando son los trabajadores, que llevan más de tres años viendo frustradas sus expectativas laborales y que no se cumplen los acuerdos por la chapuza continua del equipo de Gobierno socialista. El Grupo Popular quiere que se pague a los bomberos y operadores conforme a la legalidad y por el trabajo realizado”, señalaba el popular.
Para Mariscal, los hechos son incuestionables “Ávila y Priego acumulan más de una docena de sentencias condenatorias en esta materia por su gestión anterior en el Ayuntamiento de Cuenca, y ahora en el Consorcio 112, siguen haciendo lo mismo. Se han vulnerado las leyes generales presupuestarias, el convenio carece de rigor, no se ha elaborado la relación de puestos de trabajo, no se ha tenido en cuenta la masa salarial –que es un requisito previo-, hay retribuciones y pluses contrarios a la normativa sobre indemnizaciones, no hay un plan de igualdad y muchas más irregularidades e incongruencias. Es como poner a dos zorros a cuidar las gallinas”.
Y es que, según ha apuntado el diputado del PP, Ávila y Priego han despejado el camino de obstáculos para hacer y deshacer a su antojo: “no han cubierto el puesto de director gerente, funcionario de carrera del grupo A1, y ningunas de sus funciones la ha realizado el Sr. Priego, ni puede hacerlas. Y una entidad como el Consorcio que mueve un presupuesto de 4,2 millones debería tener un secretario y un interventor, y no un funcionario que acumula las dos funciones y que hasta hace dos semanas llevaba también el Consorcio de Medio Ambiente”.
Por último, Mariscal ha aseverado que el Grupo Popular no está dispuesto a asumir ningún tipo de responsabilidad administrativa ni penal derivados de la mala gestión socialista de Ávila y Priego al frente del Consorcio 112.