'Los socialistas deberían saber que las sentencias del TSJC-M relativas a los nombramientos de los directores generales carecen de virtualidad'

El Grupo Municipal Popular ha aclarado que el Grupo Municipal Socialista debería saber que las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha relativas al nombramiento de los directores generales de Educación y Cultura y de Turismo carecen de virtualidad, ya que hacen referencia al primer nombramiento que se produjo en julio de 2007 y enero de 2008 y que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca corrigió atendiendo a las recomendaciones recogidas en las sentencias dictadas en Primera Instancia.

“Por lo tanto la ejecución que piden los socialistas se puede entender como ya efectuada”, indica el Grupo Municipal que añade que “los directores de Educación y Cultura y de Turismo están nombrados de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público”.

Para el Grupo Municipal Popular si los socialistas hubieran actuado de la misma manera, cuando se les impugnaron los acuerdos en materia de Personal en la pasada legislatura, hoy más de 140 personas no tendrían su puesto de trabajo pendiente de la Justicia.

Añade que “lo único que los socialistas pretenden es esconder el fracaso de su estrategia de judicialización de la política municipal y más en concreto el archivo de la querella que presentaron contra el alcalde de Cuenca”.

El Grupo Municipal Popular quiere aclarar a los socialistas que el alcalde no mintió en ningún momento ya que la llegada de las sentencias al Ayuntamiento fue posterior a su intervención, como puede comprobarse en el registro municipal.

En este ayuntamiento quienes más saben de irregularidades administrativas son los concejales socialistas del GMS, destacando por méritos propios Juan Ávila y Javier Priego, que a su dilatada experiencia municipal suman varias sentencias condenatorias en materia de personal por su gestión en la diputación provincial. Las más sonadas fueron dos sentencias que anularon la primera oferta pública de empleo del Consorcio 112 y una convocatoria, tres sentencias del juzgado de lo social por “jubilar” a la fuerza a tres funcionarios y un nombramiento ilegal de un concejal socialista como jefe de servicio en Diputación.