La portavoz del Área de Bienestar Social del Grupo Popular de las Cortes de Castilla-La Mancha, María Crespo, informó en rueda de prensa de que su grupo ha registrado esta misma mañana la solicitud de comparecencia del consejero de Sanidad y Bienestar Social, Fernando Lamata, “ante la actitud que está siguiendo el Gobierno socialista que preside José María Barreda, a la hora de no pagar a todas las empresas e instituciones que son las que verdaderamente están llevando a cabo la política social de Castilla-La Mancha”, afirmó.
En este sentido, Crespo denunció que “la Junta no reacciona ante los impagos denunciados por Ayuntamientos, residencias de mayores, empresas de autobuses, etc”. Asimismo, se refirió a que el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha se niega a pagar a los beneficiarios de la Ley de Dependencia, ya que en tres años de andadura de la misma, sólo el 40 % de los solicitantes ha cobrado algo de lo que le corresponde, por inacción de la Junta de Comunidades”.
Los empresarios de autobuses no cobran lo que les corresponde por el servicio de la tarjeta naranja, recalcó Crespo, insistiendo en que Barreda sigue practicando el famoso “Yo invito y tú pagas, ya que se le llena la boca al decir que la Junta asume los gastos de los viajes de los mayores, mientras que a las empresas que realizan el servicio no les paga ni en tiempo ni en forma”. Por ello, aseguró Crespo: “Decir sí a Castilla-La Mancha es no despilfarrar en campañas absurdas y demagógicas con eslóganes vacíos, sino pagar en tiempo y forma a todos aquellos a los que debe dinero la Junta”, matizó.
Además, se refirió a que “el verdadero sí a Castilla-La Mancha debería dirigirlo al empleo, porque la comunidad sufre unas cifras récord de 210.000 parados, siendo la segunda por la cola en renta per cápita y, mientras, Barreda se dedica a conceder avales millonarios a empresarios amigos”. Mientras Barreda no paga estos servicios, los que ejecutan quienes verdaderamente llevan a cabo la política social de Castilla-La Mancha, se gasta más de 600.000 euros en cuatro publicaciones institucionales, denunció María Crespo.
En este mismo sentido, Crespo se refirió a “los Ayuntamientos de Castilla-La Mancha que prestan los servicios de Bienestar Social y se encuentran verdaderamente asfixiados por la morosidad de la Junta”, lo mismo que sucede con las Residencias de Mayores, “con plazas puestas a disposición de la Junta, las que ésta no paga, poniendo en riesgo el empleo y los salarios de sus trabajadores”, concluyó.