El PP acusa a Ávila de violar el derecho de tres trabajadores a prolongar su servicio activo más allá de los 65 años

El viceportavoz del Grupo Popular en la Diputación de Cuenca, Ángel Mariscal, ha acusado hoy al presidente de la Institución Provincial, Juan Ávila, de violar el derecho de tres trabajadores a prolongar su servicio activo más allá de los 65 años, dos de ellos reconocidos por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (TSJ-CLM) y otro a la espera de sentencia.

Mariscal, que ha ofrecido una rueda de prensa esta mañana, ha dado cuenta de dos nuevas sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ-CLM que anulan la jubilación forzosa de dos trabajadores de la Diputación de Cuenca, afirmando que “donde manda Juan Ávila hay polémica con los trabajadores y sus representantes”.

El diputado del PP ha explicado que en agosto de 2008, el Sr. Ávila denegó a una trabajadora su solicitud para prolongar su servicio activo. La funcionaria recurrió y vio estimado su recurso en primera instancia el 1 de diciembre de 2008. Posteriormente, la Diputación apeló la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cuenca.

“Con posterioridad, la Diputación denegó a dos trabajadores más el derecho a prolongar su servicio activo más allá de los 65 años, pero ahora el TSJ-CLM ha desestimado el recurso de la Institución Provincial confirmando la decisión del Juez de Instancia de Cuenca de aceptar la suspensión cautelar, que ha evitado a los recurrentes un indebido e irreparable perjuicio, según reconoce el Tribunal. El juzgado de Cuenca entendió que la denegación de la Diputación no fue motivada”, manifestaba Mariscal.

Asimismo, el diputado popular ha lamentado que la Diputación provincial de Cuenca sea la única que ha interpretado la Ley de esta forma tan restrictiva, asegurando que Ávila “va por libre” ya que mientras Zapatero y el Gobierno socialista van a prolongar la edad de jubilación y han eliminado la jubilación parcial, “el señor Ávila dice en su recurso de apelación que quiere incentivar la jubilación anticipada y la jubilación parcial”.

Mariscal también ha mostrado su preocupación por el perjuicio económico que esto va a suponer a las arcas provinciales, ya que al tercero de los trabajadores la Diputación tendrá que indemnizarle con dos años, o más años, de sueldo íntegro, más las cotizaciones y, probablemente, con una indemnización por daños y perjuicios.

Para el viceportavoz el Grupo Popular, detrás de estos intentos de jubilación anticipada hay “una maniobra escondida, un caso más de enchufismo ya que jubilando al Jefe de Servicio y al Técnico de Obras, el Equipo de Gobierno socialista justificó la necesidad imperiosa de contratar a un técnico, que resultó ser un concejal socialista que se había apuntado en el INEM un día antes”.

Por todo ello, el Grupo Popular ha lamentado que la Diputación Provincial de Cuenca y su Equipo de Gobierno sean los protagonistas de la crónica de los juzgados de la región y ha pedido a Ávila que cese en su actitud hostil hacia los funcionarios y que no persista en el error.

Apoyo del PP a los afectados

Mariscal ha manifestado el apoyo del PP a los tres trabajadores afectados de la Diputación que además cuentan con una trayectoria ejemplar e intachable, “funcionarios a los que Ávila les ha producido un daño moral y económico irreparable”.

Según el diputado del PP, existe un colectivo numeroso de empleados públicos mayores de 65 años en esta provincia, y próximos a esta edad, que han visto en la iniciativa de Juan Ávila una agresión y un intento de perjudicarles en sus expectativas laborales y económicas, “por ello, con esta rueda de prensa queremos mostrar nuestra solidaridad y apoyo a los afectados, y queremos dejar claro que desde el PP creemos que no se puede desaprovechar el caudal de experiencia de aquellas personas, que a pesar de cumplir los 65 años, todavía se encuentran capacitadas para seguir desempeñando su trabajo y que si así lo consideran, necesitan continuar en el servicio activo por necesidades económicas o a efectos de su pensión de jubilación”.

“Una parte negativa y una positiva para los empleados públicos”

Por último, Mariscal ha señalado que pese a la parte negativa de esta sentencia (los daños irreparables a los empleados y los daños a las arcas provinciales) se puede ver una parte positiva para los empleados públicos, ya que gracias a esta trabajadora, la sentencia del TSJ puede servir de precedente para otros trabajadores, ya que considera que la prolongación de la vida activa de los 65 a los 70 años es un derecho de los funcionarios que forma parte de su carrera administrativa y que su limitación debe ser regulada por Ley.

“Esperamos que éste no sea el plan de envejecimiento activo del PSOE de Cuenca, porque mientras que el Gobierno de Barreda y sus consejeros alardean del plan de envejecimiento activo y quieren que las personas mayores ocupen un lugar activo y visible como ciudadanos, Ávila y el PSOE de Cuenca pisotean sus derechos, su experiencia y les echa de la función pública”, concluía del diputado del PP.