La diputada regional del Partido Popular por la provincia de Cuenca, Rosario Miranzo, ha asegurado hoy que María Dolores de Cospedal ha demostrado su compromiso y lealtad con Castilla-La Mancha presentado un proyecto de futuro ajustado a las necesidades reales de la región, eficaz, austero y muy ilusionante que persigue situar a la comunidad autónoma en el lugar que merece tras la ineficacia de 28 años de gobierno socialista.
La parlamentaria popular, que ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa, ha vuelto a incidir en la necesidad de que en Castilla-La Mancha haya un cambio de rumbo, algo también palpable en la sociedad y en las diversas encuestas que dan por ganadora a Cospedal y al PP en las próximas elecciones autonómicas, como única solución para salir de la gravísima situación a la que nos ha conducido el Gobierno de Barreda, “que aunque se empeñara en el Debate de la región en decir que estábamos muy bien, no podemos olvidar los más de 200.000 parados, los 28.834 autónomos que se dieron de baja en 2009, la crisis tan profunda que está viviendo el campo en la actualidad, el altísimo índice de fracaso escolar, la renta per cápita de los castellano manchegos, que es de las más bajas de España, o que somos una de las comunidades más endeudadas de España, con una deuda pública de 7.500 millones de euros”.
Según ha asegurado Miranzo, en contra de lo que hace al PSOE de Castilla-La Mancha, que es “llenarse de foto-planes y promesas que nunca cumple”, Cospedal y el Partido Popular van a cumplir con su proyecto porque cuando ha gobernado el PP siempre se han llevado a efecto todos sus promesas, “propuestas que no van ser para perpetuarse en el poder, que es lo que hace Barreda, sino propuestas que van a ir en benéfico de los ciudadanos, basadas en un gobierno distinto, austero, transparente y eficaz, y sobre todo que diga la verdad a los ciudadanos que tienen el derecho a saber lo que pasa en su tierra”.
Miranzo ha explicado que el proyecto que propuso Cospedal en el Debate sobre el Estado de la región se articulará a través de cinco grandes objetivos de Gobierno: la creación de empleo, la reducción del gasto público, la bajada de impuestos a todos los ciudadanos, la mejora de la calidad de vida de los castellano-manchegos y la regeneración democrática de las instituciones.
Objetivo uno: Generar empleo, “la primera meta”
En este primer apartado, Cospedal ha anunciado 24 reformas generales y sectoriales de política económica y de empleo, como la adopción de nuevas medidas de contratación indefinida; el lanzamiento de un programa extraordinario de políticas activas de empleo; el aumento de ayudas maternales en el marco de un programa específico para el fomento de empleo de las mujeres; planes específicos de empleo para discapacitados; la modernización del sector turístico; la simplificación de los planes de constitución de empresas; y el aumento de las inversiones en infraestructuras que permitan asegurar que Castilla-La Mancha también se enriquezca con el agua.
A ello se le suma, un sistema de protección a pymes y autónomos, articulado a través de cuatro medidas concretas. Entre ellas, figuran la creación de un sistema “estable, claro y flexible” de aplazamiento y fraccionamiento del pago de las deudas, la eliminación de la morosidad del sector público regional y la consideración de aval de las obligaciones pendientes de pago por parte de la administración regional. También ha propuesto un programa integral de ayuda a la agricultura y ganadería mediante 10 actuaciones como líneas de créditos blandos, exenciones fiscales e incremento de la inversión en I+D+i agrícola, entre otras.
Segundo gran objetivo: La reducción del gasto público
La líder de los populares castellano manchegos ha anunciado el lanzamiento de seis medidas destinadas a “promover la austeridad en las cuentas públicas”. Tales como la reducción del 20% del gasto corriente del sector público regional no afecto a los servicios sociales, la eliminación de los Delegados Provinciales de las Consejerías, la reducción en un 50% de los puestos de libre designación, la reorganización y recorte del número de empresas públicas y la eliminación del 50% de los vehículos oficiales forman parte de este plan de austeridad.
En esta área también se incluye la privatización, mediante un procedimiento de pública concurrencia, de la televisión y la radio públicas de Castilla-La Mancha, convertidas por Barreda en “instrumentos de propaganda del Partido socialista” y abocadas a pérdidas anuales millonarias y que supondría un ahorro de 300 millones de euros.
Bajar los impuestos: “un objetivo de justicia y sentido común”
El PP ha anunciado la creación de una nueva Ley de reforma fiscal, que se compondrá de cinco medidas: la ampliación hasta el 99% de la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones; el aumento de las deducciones en el IRPF; el aumento de las deducciones por alquiler de vivienda habitual; beneficios fiscales a la actividad empresarial basada en la I+D+i y la propuesta, en el ámbito nacional, de la bajada de impuestos de ahorro y sociedades y la eliminación de la subida del IVA.
Mejorar la calidad de vida de los castellano manchegos
En este sentido, Cospedal ha anunciado nueve reformas, entre las que figuran la reducción de las tasas “inaceptables” de fracaso escolar y abandono prematuro de las aulas; el compromiso de que “todos los jóvenes de Castilla-La Mancha hablarán inglés perfectamente” a través de la introducción del bilingüismo en el sistema educativo público; la garantía de una financiación adecuada para la sanidad pública y el desarrollo de las infraestructuras sanitarias en períodos de tiempo racionales.
La necesaria regeneración democrática institucional
La presidenta del PP de Castilla-La Mancha se ha comprometido a que “en la próxima legislatura tendremos, por consenso, un buen Estatuto para nuestra región, que garantice agua suficiente para Castilla-La Mancha, mayor bienestar y que sea plenamente constitucional”.
Además, Cospedal ha anunciado la adopción de reformas para devolver la independencia a las instituciones de Castilla-La Mancha y la aprobación de una ley de publicidad institucional que establezca controles y garantías y que evite el despilfarro actual en la región.