‘HECHA LA MEMORIA EDUCATIVA, ES TIEMPO DE CONCLUSIONES’. Por Montserrat Martínez, docente y senadora del Partido Popular por Cuenca

Llega junio y la elaboración de la memoria se convierte en una obligación para los docentes, entre los que yo también me encuentro.

Comenzó el mes de julio de 2017 y se conocieron los primeros datos que pronosticaban que este curso no traería nada bueno para la comunidad educativa conquense, ya que se suprimieron 44 plazas de maestros y se desplazaron a 22 profesores de Secundaria por falta de horario, se cerró el CRA de Villaescusa de Haro, se bloquearon dos ciclos formativos en la capital y uno en Motilla del Palancar, se eliminó oferta formativa en la Escuela de Adultos, y además se cerró el Aula TEA del colegio Fuente del Oro dejando al alumnado con espectro autista sin la atención especializada que requerían.

Pasó el verano y el curso comenzó con novedades importantes. Por fin teníamos Presupuestos en Castilla-La Mancha para el año 2017, aunque fuese con ocho meses de retraso. Y estas nuevas Cuentas regionales incorporaban dos sorpresas importantes para la comunidad educativa. La primera hacía referencia a la obligación que tenía el Gobierno de Page de reducir una hora lectiva al profesorado de Secundaria, convirtiéndose el profesorado de Primaria en el gran olvidado de estos Presupuestos. Y digo sorpresa, porque dio la impresión de que el consejero de Educación no se había enterado de que esta reducción la debía realizar el curso 2017/2018, ya que su primera reacción fue negarse a ponerla en práctica alegando cuestiones presupuestarias (curiosa disculpa cuando este presupuesto contenía 700 millones más que el anterior). Al final, el Gobierno regional no tuvo más remedio que cumplir a regañadientes y por imperativo legal.

La segunda sorpresa era para el profesorado interino al descubrir que por primera vez les habían clasificado en dos categorías: los que cobrarían el verano si su vacante se iniciaba el 1 de septiembre, y los que no lo cobrarían aunque empezasen a trabajar al día siguiente.

Avanzaba septiembre y llegó el momento propagandístico del Gobierno regional con la exclusiva de que este curso trabajaban más interinos. Lo que olvidaba decir es que el 42% de los contratos eran precarios, muchos de ellos de un tercio de jornada, lo que ha obligado a algunos interinos a tener que pagar por trabajar. ¿Con 500 euros puede subsistir un profesor si tiene que desplazarse diariamente o vivir fuera de su domicilio habitual? Porque ya les digo yo que no.

Esta precariedad en la contratación, el no haber presupuestado la reducción de una hora lectiva y el hecho de que muchas bolsas de interinos estuviesen agotadas o próximas a agotarse, desembocó en el caos educativo nunca vivido en esta comunidad autónoma, y que afectó muy especialmente a la provincia de Cuenca.

¿Cómo se puede justificar que a 1 de octubre faltasen por adjudicar 62 profesores en nuestra provincia? ¿Cómo se puede justificar que 15 días más tarde aún fuesen  25 las plazas que todavía estuviesen vacantes y que los alumnos llevasen más de un mes sin clase de muchas materias? El caso es que se perdieron miles de horas lectivas y, por el momento, aún no tenemos noticia de que se hayan recuperado. Particularmente sangrante fue lo que ocurrió en Horcajo de Santiago, donde el alumnado de Bachillerato estuvo más de un mes sin recibir clases de inglés. ¿Es de recibo que esos alumnos, que se habrán examinado este mes de la EvAU, hayan tenido que hacer la misma prueba que el resto que tuvo un mes más de clase?

En medio de este caos, el consejero, en una carta remitida a los centros, reconoció lo que estaba ocurriendo y se atrevió a afirmar que los culpables eran los 600 interinos que habían renunciado a las vacantes. Solo le faltó decir, ¿cómo es posible que con estos contratos de 500 euros un profesor no quiera dar clase fuera de su domicilio habitual?

Y como el Gobierno regional aprendió de sus errores y ya no está dispuesto a que esto vuelva a suceder, ha resuelto este problema con “mucho dialogo y consenso”: “O aceptas la plaza que te oferto o te quito de la lista de interinos”; así, tal cual. Aspecto, por cierto, denunciado por los sindicatos en reiteradas ocasiones.

Este curso fue también noticia por el mal funcionamiento de los sistemas de calefacción de los centros educativos. La sociedad conquense se quedó perpleja cuando vio las imágenes del alumnado del IES Jorge Manrique de Motilla del Palancar con los abrigos puestos en las aulas porque la calefacción no funcionaba. Eso sí, inmediatamente salió el consejero afirmando que era un caso puntual. Sin embargo, pocos días después, se pudo comprobar que el caso asilado no era tal,  porque fueron los alumnos del IES Santiago Grisolía de la capital los que mostraban a la prensa imágenes de como en sus aulas había una temperatura inferior a la legal por el deficiente funcionamiento de la caldera de pellet. En este caso la solución fue poner una caldera de gasoil en el patio de recreo del centro educativo. Por lo tanto, solo aquellos centros que aun mantenían la caldera de gasoil pudieron afrontar el duro invierno sin dificultades.

No le ocurrió lo mismo a los jóvenes de la residencia escolar de Albaladejito, dependiente del IES Pedro Mercedes, que después de una semana sin agua caliente y sin calefacción, se atrincheraron en sus vehículos y en el propio centro cuando les comunicaron, por parte de la Dirección Provincial de Educación de Cuenca, que se cerraba la residencia. Fue el clamor y la presión del alumnado y sus familias, los sindicatos y el PP, lo que hizo que la Junta  rectificara la decisión de cierre que ya había comunicado a los alumnos como definitiva. En estos momentos aún se desconoce lo que ocurrirá el curso próximo con esta residencia, ya que la decisión de cierre se dilató al mes de junio.

Llegó diciembre y los nuevos Presupuestos de 2018 se pronosticaban esperanzadores para la comunidad educativa. Un incremento de más de 1.000 millones de euros respecto a 2015 suponía que ya no había excusas para que la inversión en educación se hiciese efectiva. A esta cantidad había que sumar los  4,5 millones de euros que se recibieron por parte del Gobierno central para financiar la compra de libros de texto y avanzar en el apoyo de los alumnos para que no abandonasen  el sistema educativo, porque no podemos olvidar que Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas de España con una tasa de abandono escolar temprano más elevada, alcanzando el del 22%.

Esta esperanza no se materializó y fueron los sindicatos los que alertaron sobre la noticia de que Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas que menos invierte en educación (4591 € por alumno), por debajo de Castilla y León (5981 €), Galicia (6241 €), Aragón (5372 €) y Extremadura (5881 €).

Fue en febrero cuando se consumó el ataque al derecho de los padres a poder elegir la educación que quieran para sus hijos. En  Cuenca se implantó la zonificación y los padres ya no pudieron elegir centro en función de su proyecto educativo, sino que debieron  elegir el que esté dentro de la zona que ha delimitado el Gobierno regional en función de su domicilio.

En el mismo mes se publicaron las plantillas  y  venían con recortes importantes. Se  habían amortizado 46 plazas (de las cuales 33 eran de maestros); se habían eliminado seis unidades de colegios (una en el colegio Santa Teresa De Cuenca, dos en Honrubia, dos en la Parrilla y una en Graja de Iniesta) y además habían desaparecido la mayoría de las plazas de informática de los institutos; desaparición que fue denunciada por la asociación de profesores de la especialidad alertando de que esta asignatura pasaría a impartirse por profesorado que no fuese especialista.

También se  publicaron las ratios alumno-profesor para el curso 2018/2019 y volvimos a comprobar como en Castilla-La Mancha siguen  siendo  ilegales en muchos niveles educativos y que el Gobierno de Page no está dispuesto a cumplir la legalidad vigente, a pesar de que fue una promesa electoral.

Fue también en febrero cuando saltó la noticia de que la UCLM no tenía ni para pagar las nóminas y que el Gobierno regional no destinaba los millones suficientes para su adecuada financiación. A partir de este momento el Ejecutivo de Page inició una campaña de ataque y descrédito a la misma poniendo en duda hasta su autonomía y, por el momento, lo único que sabemos es que hace unos días el rector denunciaba que aún no se había firmado el contrato programa, tras seis meses de negociación con el Gobierno de Page. Fueron también los investigadores doctores contratados por la UCLM los que en marzo denunciaron que no habían cobrado su última nómina y  también los becarios colaboradores que alertaron de la tardanza de la convocatoria y el retraso en el pago.

Un mazazo para nuestra provincia fue descubrir que el Grado de Turismo no se implantaría el curso próximo en nuestro campus y que el Gobierno regional no había hecho nada para dicha implantación.

El 9 de  marzo se celebró el Día de la Enseñanza y los sindicatos le recordaron al consejero que en Castilla-La Mancha había muy poco que celebrar, ya que si el sistema educativo funcionaba era porque el profesorado seguía trabando sin desaliento; la administración seguía sin invertir en educación, a pesar de tener de 1.000 millones de más en su Presupuesto.

En el tema de las infraestructuras y después de más de tres años del Gobierno de Page, yo me pregunto: ¿se ha finalizado alguna de las infraestructuras prometidas y presupuestadas en los  tres últimos ejercicios en la provincia de Cuenca? Y lo más sorprendente, sin apenas ejecutarlas infraestructuras prometidas ya nos han vendido un nuevo plan con más infraestructuras para la próxima legislatura. ¡Ojo!

En este tema hemos descubierto una nueva modalidad de anuncio y autobombo: el anuncio de la construcción de un instituto que ya se había adjudicado ocho años antes. Pongamos que hablo del instituto de Tarancón, donde fue el Gobierno de Barreda en 2010 el que adjudicó la redacción del proyecto de este centro por valor de casi 250.000 euros y ocho años más tarde, en el 2018, por Resolución de 23 de abril y varios anuncios en prensa, se vuelve a anunciar la redacción del mismo proyecto de instituto y en la misma ubicación.

De todo este entresijo de anuncios ‘varios’ me surgen varias preguntas. ¿Qué ocurrió con el primer proyecto? ¿Qué fue de los 250.000 euros? ¿Se pretende engañar al alumnado de Tarancón y su comarca anunciando a un año de las elecciones lo mismo que se anunció en 2010?

Y no pensemos que esto es un caso aislado. El gimnasio del colegio de Villagarcía del Llano es otro ejemplo de promesa electoral incumplida hace muchos años. O  qué decir del gimnasio del colegio La Paz de Cuenca, denominado por algún medio digital como el “gimnasio de Cuéntame “, y que el Gobierno de Page no ha incluido en ninguno de sus presupuestos hasta ahora.

Pasemos ahora a las obras del  IES Alfonso VIII.  Felpeto anunció en septiembre de 2017 que este instituto estaría operativo a inicio del curso 2018/2019. Me imagino que el equipo directivo ya estará empezando a empaquetar todo lo necesario para su traslado este verano, porque sería muy duro que ocurriese lo mismo que en 2011, cuando se les dijo a los padres en el proceso de admisión que ese instituto ya estaría terminado para ese curso, y luego ya sabemos todos lo que pasó (que la empresa dejó la obra porque el Gobierno socialista de Barreda les debía varios millones de euros y los alumnos quedaron escolarizados en una ubicación distinta).

Ahora el Gobierno de Page tiene la oportunidad de hacer efectivos los Presupuestos Generales del Estado del Partido Popular para que se puedan beneficiar los alumnos universitarios de Castilla-La Mancha, ya que estas Cuentas posibilitan que la primera matrícula del Grado universitario sea gratis para todos los alumnos en nuestra región.

Y de paso, tienen la posibilidad de cumplir con todas las promesas electorales en materia educativa, que después de tres años de legislatura vemos que han quedado en el olvido tanto para los que deben ejecutarlas, como para los que con tanta vehemencia reclamaban mejoras ,siendo conscientes de  la ruina en la que se encontraba esta comunidad en 2011.

No puedo dejar de incluir la última ocurrencia del Gobierno regional, denunciada por los sindicatos, de que el próximo curso todos los centros educativos conquenses adelantarán los exámenes de septiembre a junio. ¿Han consensuado esta medida con la comunidad educativa? ¿Han pensado en ese alumnado que durante los dos meses de verano se preparan para superar las asignaturas no superadas?

Hecha la memoria, es el turno de las conclusiones; y en este caso dejaré a cada lector que decida si con estos datos se puede determinar que este Gobierno cumple verdaderamente sus promesas y si este Gobierno está comprometido honestamente con la mejora de la educación en Castilla-La Mancha.